Corte de La Vega revoca decisión favorecía al acusado de supuesto narcotráfico Micky López

Los jueces de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de La Vega revocaron este martes la decisión que declaró la extinción penal del proceso seguido contra Miguel Arturo López Florencio (Micky López), procesado por presunto lavado de activos provenientes del narcotráfico.

El tribunal de alzada adoptó la decisión tras acoger el recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público contra la sentencia del Primer Tribunal Colegiado de La Vega que declaró la extinción penal del caso. La corte también ordenó la continuación del juicio.

La Fiscalía de La Vega, representada por su titular Aura Luz García Martínez, y el fiscal Juan Ramón Martínez Cruz, presentó el recurso de apelación en contra de la sentencia del nueve de abril de 2025, dictada por el Primer Tribunal Colegiado de La Vega, integrado por las juezas Lucrecia Rodríguez Ramírez, Julissa Candelario Victoriano y Carmen Miladys Sánchez.

La sentencia revocada favorecía a Miguel Arturo López Florencio (Micky López), a sus hijos José Miguel López Pilarte, Miguel Arturo López Pilarte, y a su cuñada Ada María Pilarte de Inoa, así como a las empresas Inmobiliarias Gloria Ivette, Servi Crédito Gloria Ivette, Auto Crédito Selecto y Agropecuaria Gloria Ivette.

La Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, conjuntamente con la Fiscalía de La Vega, estableció en la acusación que la red criminal se encargaba de traficar con sustancias controladas en Suramérica, Estados Unidos y Europa, dijo el documento del Ministerio Público.

El expediente también indica que el grupo criminal logró movilizar en el sistema financiero dominicano más de 8,000 millones de pesos provenientes de actividades ilícitas.

De acuerdo a la acusación, los miembros de esta red delictiva blanqueaban los capitales, haciendo aparentar como lícitos los recursos obtenidos de la venta de las sustancias controladas. La red, también servía de sostén económico y financiero a otras “estructuras criminales”.

Los acusados, según refiere el expediente, se dedicaron a conformar una estructura criminal con el único objetivo de colocar y diversificar los bienes provenientes del narcotráfico, aprovechando su vínculo familiar para hacer más eficaz dicha actividad.

A la estructura se le atribuye la violación de varios artículos de la Ley 50-88 sobre Drogas y Sustancias Controladas, la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, el Código Penal Dominicano, y la Ley 631-16 para el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados.

El proceso inició en el año 2020, siendo los acusados enviados a juicio en el año 2023, luego de múltiples aplazamientos solicitados por las defensas como estrategia para dilatar el proceso. El órgano acusador enfrentó constantemente trabas y tácticas dilatorias que impidieron el avance oportuno del caso, declarado de tramitación compleja.

En el recurso de apelación de la sentencia recurrida el órgano acusador resalta la falta de motivación de la decisión, destacando que es una obligación fundamental en el ordenamiento jurídico dominicano. Indicó que la decisión fue apelada por una errónea aplicación de la norma jurídica.

Igualmente, precisó que en la sentencia del tribunal colegiado no se tomaron en cuenta los criterios que se deben considerar al momento de decidir sobre la extinción de la acción penal.

En ese sentido, citó: la complejidad del caso, la actividad procesal del interesado, el comportamiento (adecuado o no) de las partes en litis y la conducta de las autoridades judiciales, así como la organización judicial, la duración media de los procesos y el exceso o volumen de trabajo de los tribunales judiciales a causa del alto grado de conflictividad social, entre otros factores.

El órgano acusador recordó que por el caso fue procesada y condenada por la Suprema Corte de Justicia la exdiputada Rosa Amalia Pilarte López, esposa de López Florencio, quien desde el mes de septiembre del pasado año cumple una condena de cinco años de prisión en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Rafey Mujeres, de Santiago.

NDigital

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