El abogado Valentín Medrano, integrante de la barra de defensa del procurador fiscal Aurelio Valdez Alcántara, aseguró que la acusación por presunto soborno contra su cliente carece de lógica jurídica y presenta lo que calificó como un “entrampe” o provocación ilegal por parte del propio Ministerio Público.
Según la teoría del órgano acusador, Valdez Alcántara habría solicitado inicialmente 200 mil dólares, un vehículo de lujo y un reloj Rolex, reduciendo posteriormente la supuesta exigencia a 150 mil dólares.
En ese contexto, el Ministerio Público sostiene que recibió un adelanto de 10 mil dólares, dinero que habría sido entregado de manera controlada y marcado, lo que permitió su arresto en flagrante delito.
Sin embargo, el abogado Medrano rechazó de forma categórica esa versión y afirmó que su defendido niega los hechos en su totalidad.
“Él niega absolutamente la ocurrencia de esos hechos. No existe tal soborno ni mucho menos una negociación de esa naturaleza”, sostuvo.
Cuestionamientos a la supuesta flagrancia
Uno de los puntos centrales de la defensa gira en torno a la supuesta entrega de dinero marcado.
Medrano aseguró que, en un proceso de este tipo, el Ministerio Público debió informar previamente al juez sobre la realización de una entrega controlada, incluyendo los detalles de los billetes.
“Si usted tiene dinero marcado, si usted va a hacer una entrega controlada, debe informarlo al juez, indicar la numeración de los billetes y las condiciones de la operación. Eso no ocurrió”, argumentó.
El abogado insistió en que no existe evidencia documental que sustente que el dinero estuviera marcado, pese a que el Ministerio Público lo afirma en su narrativa.
“¿Dónde están las marcas de ese dinero? Eso no existe. Eso es falso”, enfatizó en el Programa el sol de la Mañana.
Asimismo, cuestionó el procedimiento de arresto, señalando que el mismo podría estar viciado si se demuestra que hubo irregularidades en la fase previa de la investigación.
Denuncia de “entrampe” en el proceso
Medrano introdujo como eje de la defensa la figura del “entrampe”, una práctica prohibida en el derecho penal, que consiste en inducir a una persona a cometer un delito que no habría cometido por iniciativa propia.
“Si hay un entrampe, hay una violación flagrante a la normativa procesal penal, no solo en República Dominicana, sino a nivel mundial”, explicó.
De acuerdo con su planteamiento, el Estado no puede participar en la creación de un delito con el objetivo de sancionarlo posteriormente, ya que eso constituiría una forma de instigación ilegal.
En ese sentido, cuestionó la actuación del Ministerio Público al señalar que, si ya tenía conocimiento de un supuesto delito, debió proceder conforme a la ley sin necesidad de inducir situaciones.
Cronología que genera dudas
El abogado también puso en duda la cronología de los hechos presentada por la acusación. Indicó que el 24 de marzo de 2026 el Ministerio Público ya había solicitado la designación de un juez de instrucción especial, lo que a su juicio demuestra que tenía conocimiento previo de una posible infracción.
“Si ya el 24 tenían conocimiento de un supuesto delito, ¿por qué no procedieron de inmediato? ¿Por qué esperar y montar un escenario?”, cuestionó.
El arresto, según explicó, se produjo el 27 de marzo, tres días después de la designación del juez, lo que según la defensa sugiere una posible planificación previa del operativo.
La figura del testigo
Otro de los argumentos clave de Medrano es que la persona que habría entregado el dinero no tenía la condición de imputado, sino de testigo dentro del proceso principal.
“El propio Ministerio Público había establecido que ese señor era un testigo, no un imputado. Entonces, ¿qué podía ofrecerle mi defendido a cambio de dinero?”, cuestionó.
El abogado insistió en que un testigo no tiene necesidad de pagar sobornos para obtener beneficios procesales, ya que su rol no implica responsabilidad penal directa.
“¿Cuál era el miedo de ese testigo? ¿Qué se le podía exigir para que entregara dinero? No hay lógica en esa teoría”, agregó.
Posibles intereses detrás del caso
Durante sus declaraciones, Medrano también sugirió que el caso podría estar vinculado a intereses mayores relacionados con investigaciones en curso.
Indicó que su defendido participaba en procesos relevantes, lo que, a su entender, podría explicar un intento de desacreditarlo.
“Cuando usted cuestiona a un fiscal que tiene participación en investigaciones importantes, usted impacta todo el proceso”, afirmó.
Sin embargo, no ofreció pruebas concretas sobre esta hipótesis, limitándose a plantearla como una posibilidad dentro del contexto del caso.
Debate sobre la evidencia material
En cuanto a la supuesta ocupación de los 10 mil dólares, el abogado reiteró que su defendido niega haber recibido ese dinero.
Además, cuestionó que, pese a que el Ministerio Público detalla montos y evidencia en la solicitud de medida de coerción, no se presenten elementos claros que respalden la versión del dinero marcado.
“Se habla de dinero, se describen montos, pero no se demuestra la supuesta marcación ni el procedimiento adecuado para una entrega controlada”, indicó.
Un caso que abre debate jurídico
El proceso contra el fiscal Aurelio Valdez Alcántara ha generado un amplio debate en la opinión pública y en el ámbito jurídico, especialmente en torno a los límites de la investigación penal y el uso de técnicas especiales como las entregas controladas.
Para la defensa, el caso representa un ejemplo de violación al debido proceso y de uso indebido de herramientas investigativas.
“Aquí lo que hay que determinar es si se respetaron las reglas del juego. Porque si no se respetaron, todo el proceso se cae”, dijo Medrano.
Solicitud de medida coerción
Ayer jueza de la Segunda Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional aplazó el conocimiento de solicitud de medida de coerción en contra del fiscal Aurelio Valdez Alcántara, acusado de pedir soborno.
La magistrada Isis Muñiz tomó la decisión a fin de que los abogados de Valdez Alcántara puedan estudiar el expediente en su contra, por lo que fijó la audiencia para el próximo martes siete del mes de abril.
El Día
