El procurador Wilson Camacho afirmó este martes que el presunto acto de extorsión cometido por el fiscal Aurelio Valdez Alcántara contra Roberto Canaán, quien está bajo investigación del Ministerio Público, no define a ese órgano persecutor, sino la decisión de procesarlo sin privilegios.
“Al Ministerio Público no lo define un acto de corrupción cometido por un fiscal, lo define la decisión de procesarlo sin privilegios”, escribió Camacho a través de un mensaje publicado en su cuenta de la red social X.
El magistrado destacó que “nuestro compromiso con la honestidad y la transparencia es inquebrantable”. Además, precisó que “la legitimidad institucional se construye con hechos”.
Sobre el caso del fiscal
El Ministerio Público acusa a Valdez Alcántara de gestionar y recibir, en una entrega controlada, la suma de diez mil dólares (US$10,000) por parte de Canaán, a cambio de “alterar el curso del proceso” en la fase de investigación que las autoridades mantienen en su contra.
Indica que Valdez Alcántara exigió inicialmente al testigo doscientos mil dólares (US$200,000), suma que luego redujo a ciento cincuenta mil dólares (US$150,000) en una negociación en la que también mostró interés en un reloj marca Rolex y un Mercedes Benz 350 o 450.
“La exigencia pecuniaria realizada por el imputado Aurelio Valdez Alcántara se fijó inicialmente en doscientos mil dólares (US$200,000.00), suma que el fiscal Valdez redujo a ciento cincuenta mil dólares (US$150,000.00) tras una negociación en la que también mostró interés en un reloj Rolex y exigió la entrega de un vehículo de lujo, específicamente un Mercedes Benz 350 o 450, negro; además, el fiscal investigado rechazó opciones más económicas, como una guagua Volvo o Mazda, insistiendo en el modelo de alta gama solicitado”, sostiene.
Asimismo, en la solicitud de medida de coerción depositada ante la magistrada Ysis Muñoz, el órgano persecutor establece que el imputado “ejerció coacción continuada” contra el testigo, a través de llamadas telefónicas en las que le exigía la entrega de lo acordado.
“Dándole seguimiento, el 18 de marzo de 2026, el imputado ejerció presión con la frase "¿para cuándo está la cosa?" y estableció como fecha límite de entrega el día 24 de este mes de marzo”, afirma el MP.
Agrega que, para supuestamente asegurar el cumplimiento de lo pautado, el fiscal le advirtió a Canaán “sobre la inminencia de su judicialización, condicionando la impunidad al pago del soborno”.
La entrega
El 27 de marzo, en horas de la tarde, fue cuando el imputado, según el órgano acusador, contactó por vía telefónica a Canaán para indicarle “que, lo antes posible”, se reunieran en la plaza comercial Bella Vista Mall, específicamente en el área de parqueo del cuarto piso, con la intención de que le entregara el “pago del soborno” exigido, ya que no sería en Plaza Lama como habían acordado previamente.
Señala el documento que, para cubrir y documentar la entrega vigilada de dinero al investigado, se conformó un equipo encabezado por el mayor Valdez Moreno, el cual se trasladó al citado centro comercial, específicamente al área de parqueo del cuarto nivel, donde permaneció a la espera hasta la llegada del fiscal investigado a bordo de su vehículo CRV color crema. Indica que este estuvo buscando estacionamiento hasta ubicarse próximo al lugar donde se encontraban los agentes; posteriormente llegó Canaán, abordó el asiento del pasajero y ambos permanecieron en el interior del vehículo por aproximadamente cinco minutos.
“Acto seguido, el imputado Aurelio Valdez Alcántara con Roberto Canaán a bordo del vehículo marca Honda CRV, color crema, placa G428129, procedieron a salir del área del parqueo, hacia la parte exterior de la plaza, tomando la calle Las Caobas, hacia la derecha, en vía contraria e incorporándose a la calle Helios, también en vía contraria, para regresar al interior del estacionamiento de la Plaza Bella Vista Mall, regresando al cuarto piso, específicamente al parqueo donde inicialmente abordó el citado vehículo, el nombrado Roberto Canaán, quien realizó la entrega del dinero al imputado como pago de soborno, para luego desmontarse”, detallan las autoridades.
Posteriormente, se añade en el expediente, el agente actuante le ordenó al fiscal detenerse y acompañarlo hasta la sede de la Procuraduría General de la República, donde, en el área de parqueo y en presencia del fiscal Andrés Octavio Mena Marte, procedieron a requisar el interior del vehículo.
“En la requisa, con la presencia del imputado Aurelio Valdez Alcántara, específicamente en la parte interior del sunroof y la tapa corrediza del sunroof, fueron ocupados la cantidad de 100 billetes de cien dólares, para un total de diez mil en efectivo (US$10,000)”, aseguró el Ministerio Público.
Además, al fiscal le ocuparon cinco tarjetas bancarias y RD$1,250 en efectivo; un iPad, dos celulares Apple, uno 17 Pro Max y otro XR; una carpeta negra con el logo International Narcotics and Law Enforcement, United States Department of State; y una pistola marca Bersa 9 mm, con un cargador y 13 cápsulas
Prisión preventiva
En la instancia depositada el pasado domingo, el Ministerio Público solicita al tribunal que se imponga al imputado un año de prisión preventiva como medida de coerción, al considerarla la más idónea y proporcional “al proceso y a la gravedad de los hechos que se investigan”.
“Los hechos que, hasta el momento, se pueden contrastar con la cintilla probatoria colectada por el Ministerio Público en contra del imputado Aurelio Valdez Alcántara, la violación a los artículos 174, 177 y 178 del Código Penal Dominicano y los artículos 2, numeral 11, literales k, n y o; 3, 4 y 9, numerales 1, 15 y 16 de la Ley núm. 155-17, sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, en perjuicio del Estado Dominicano; en perjuicio del Estado Dominicano”.
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