El juicio de fondo contra Antonio y Maribel Espaillat, propietarios de la discoteca Jet Set, comenzará desde cero ante un tribunal colegiado, luego de que el juez Franny González Castillo, de la Cuarta Sala Penal del Distrito Nacional, dispusiera variar la calificación jurídica de los hechos relacionados con el desplome del techo del establecimiento.
La decisión se produce en el proceso judicial por la tragedia ocurrida la madrugada del 8 de abril de 2025, cuando el techo de la discoteca colapsó mientras numerosas personas se encontraban en el lugar. El siniestro dejó 236 personas fallecidas y 183 heridas, según los datos presentados durante el proceso.
El magistrado acogió la solicitud presentada por varios abogados de las víctimas, querellantes, actores civiles y acusadores particulares, quienes procuraban que los hechos no fueran juzgados únicamente como homicidio involuntario, sino bajo la figura del dolo eventual, que supone la representación de un posible resultado lesivo y la aceptación del riesgo de que ocurra.
La acusación original del Ministerio Público atribuye a los hermanos Espaillat homicidio involuntario y golpes y heridas involuntarios. La variación solicitada por los representantes de las víctimas busca que las responsabilidades penales se examinen bajo una calificación más grave.
Al explicar su decisión, González Castillo sostuvo que la variación de la calificación jurídica puede realizarse sobre los mismos hechos, sin necesidad de modificarlos ni incorporar otros nuevos.
El juez señaló que durante el juicio pueden advertirse elementos cognitivos y volitivos vinculados con el dolo eventual, conforme a los artículos 295 y 309 del Código Penal citados en su decisión.
Sin embargo, rechazó las circunstancias agravantes relacionadas con el crimen precedido, seguido o acompañado de otro crimen, al considerar que sus presupuestos no habían sido justificados hasta ese momento procesal.
También desestimó la solicitud de ampliación de la acusación y las alegadas violaciones a las leyes de urbanización e ingeniería, por entender que no se presentaron elementos nuevos ni circunstancias que justificaran esa modificación.
El magistrado aclaró que variar la calificación jurídica no significa sustituir un delito por otro distinto y sostuvo que el tribunal de juicio no está obligado a mantener la calificación establecida durante la etapa preliminar.
Las presuntas fallas estructurales bajo investigación
En el expediente, el Ministerio Público atribuye el colapso a presuntas deficiencias estructurales y a decisiones que habrían aumentado la carga sobre el techo del establecimiento.
Según la acusación, entre los elementos que habrían contribuido a esa sobrecarga figuran la instalación de equipos de climatización de gran peso y depósitos de agua, sin los estudios técnicos que garantizaran la capacidad de resistencia de la estructura. El órgano acusador también sostiene que existían señales de deterioro y que se adoptaron medidas insuficientes para corregirlas.
Estos señalamientos forman parte de las imputaciones que deberán ser examinadas judicialmente y no constituyen, por sí solos, una declaración definitiva de culpabilidad contra los acusados.
¿Por qué el juicio comenzará desde cero?
La variación de la calificación jurídica implica que el caso pase a un tribunal con competencia para conocer infracciones cuya pena excede la atribuida a la Cuarta Sala Penal.
Por esa razón, González Castillo ordenó remitir el expediente a la presidencia de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, para que designe, mediante sorteo, uno de sus tribunales colegiados.
El proceso quedará interrumpido y deberá comenzar desde cero ante el tribunal que resulte apoderado, según informó el magistrado a las partes.
La decisión modifica la calificación jurídica bajo la cual se examinarán los hechos, pero no representa una condena contra Antonio y Maribel Espaillat. La determinación de las responsabilidades penales corresponderá al tribunal que conozca el juicio.
