La jueza Sthephanie Reyes, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago, impuso 18 meses de prisión preventiva contra Héctor Antonio Lora Cruceta y Luisa Yasiris Guzmán de Lora. Además de declarar caso complejo el proceso de la Operación Onco14, mediante el cual el Ministerio Público investiga un presunto entramado de corrupción que habría desviado más de RD$148.6 millones destinados al tratamiento de pacientes con cáncer en la región Norte del país.
En ese mismo orden, el tribunal impuso arresto domiciliario a Dilcia Isabel Vargas Sánchez, exvicepresidenta y exauditora del Patronato del Instituto Oncológico Regional del Cibao (IORC), luego de que el Ministerio Público variara su solicitud de medida de coerción tras valorar su disposición de colaborar con la investigación.
Pepca destaca contundencia de las pruebas
Al concluir la audiencia, la titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Mirna Ortiz, aseguró que la resolución judicial constituye un reconocimiento a la solidez del expediente presentado por el órgano acusador.
“El tribunal reconoció que la solicitud de medida de coerción del Ministerio Público era robusta y que aportamos pruebas más que suficientes para establecer el vínculo de los imputados con los hechos investigados”, expresó.
Indicó que la jueza acogió la totalidad de las conclusiones presentadas por el Ministerio Público, imponiendo las mismas medidas solicitadas para Héctor Lora y Luisa Guzmán, mientras que en el caso de Dilcia Vargas acogió la variación del pedimento realizada por los fiscales.
Ortiz aclaró que el Ministerio Público no ha suscrito hasta el momento un acuerdo de colaboración con Dilcia Vargas, aunque explicó que la institución reconoce la actitud de aquellos imputados que admiten responsabilidad y muestran disposición de colaborar con las investigaciones, lo que influye en la valoración del riesgo procesal.
La procuradora adelantó además que la investigación continúa.
“Seguiremos investigando. Habrá más imputados y este caso promete mucho”, afirmó.
Senasa: “El mensaje es que nadie está por encima de la ley”
Los abogados Manuel Conde y Carlos Polanco, integrantes del Equipo de Recuperación del Patrimonio Público y representantes del Estado dominicano y del Seguro Nacional de Salud (Senasa), calificaron la decisión como una muestra de la fortaleza institucional del sistema judicial.
Conde sostuvo que el tribunal valoró la contundencia de las pruebas presentadas por el Ministerio Público y el riesgo que representaban los imputados para el desarrollo de la investigación.
Explicó que el expediente involucra recursos públicos destinados principalmente a pacientes del régimen subsidiado de Senasa.
“Estamos hablando de fondos destinados a personas que padecen cáncer, especialmente de los sectores más vulnerables. El mensaje del Estado dominicano y de Senasa es claro: quien afecte el patrimonio público será perseguido y sometido a la justicia, sin importar quién sea”, manifestó.
Precisó que los RD$3,754 millones corresponden al monto total desembolsado por Senasa al centro médico entre 2018 y 2025, y que la investigación busca determinar qué porcentaje de esos recursos habría sido desviado mediante procedimientos fraudulentos.
Entre las maniobras investigadas mencionó la facturación de procedimientos médicos inexistentes, duplicación de tratamientos, cobros irregulares por medicamentos oncológicos y entrega parcial de fármacos facturados como si hubieran sido suministrados en su totalidad.
Agregó que esta fase procesal apenas constituye el inicio del caso y que las investigaciones continúan abiertas.
Defensa de Dilcia Vargas confirma colaboración
El abogado Ricardo Reina, representante legal de Dilcia Isabel Vargas Sánchez, confirmó que su clienta continuará colaborando con el Ministerio Público.
Explicó que Vargas, quien desempeñaba funciones contables en el Instituto Oncológico Regional del Cibao, aportará toda la información que posea para determinar el alcance del presunto fraude.
“Mi representada seguirá entregando todos los datos que necesita el Ministerio Público para establecer cuánto fue realmente lo sustraído”, indicó.
Defensa de Luisa Guzmán recurrirá la decisión
Por su parte, el abogado Pantaleón Mieses, representante de Luisa Yasiris Guzmán de Lora, anunció que apelará tanto la prisión preventiva como la declaratoria de caso complejo.
Sostuvo que durante la audiencia quedó establecido que su clienta posee suficiente arraigo y que no participó directamente en la administración del Instituto Oncológico Regional del Cibao.
“Entendemos que los 18 meses de prisión preventiva son excesivos. Analizaremos la decisión íntegra y ejerceremos los recursos correspondientes”, afirmó.
Defensa de Héctor Lora califica la medida de desproporcionada
Mientras tanto, el abogado Juan Francisco Rodríguez Consoró, defensor de Héctor Antonio Lora Cruceta, informó que también recurrirá la decisión judicial.
El jurista sostuvo que esperará conocer las motivaciones completas de la resolución antes de presentar la apelación y consideró que la medida estuvo influenciada por la alta exposición pública del caso.
“Vamos a examinar cuidadosamente la decisión íntegra para estructurar el recurso de apelación. Entendemos que la medida fue desproporcionada”, expresó.
El expediente
De acuerdo con la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), Héctor Antonio Lora Cruceta, su esposa Luisa Yasiris Guzmán de Lora y su exesposa Dilcia Isabel Vargas Sánchez encabezaban una presunta estructura que operó entre 2018 y octubre de 2025, utilizando el Instituto Oncológico Regional del Cibao para desviar recursos públicos destinados al tratamiento de pacientes con cáncer.
La investigación atribuye al grupo un perjuicio económico superior a RD$148.6 millones, dentro de operaciones financiadas por Senasa que superan los RD$3,754 millones durante el período investigado.
El Ministerio Público sostiene que el expediente continúa en desarrollo y no descarta nuevos sometimientos, al considerar que podrían existir otros responsables vinculados a una de las investigaciones por presunta corrupción más relevantes de los últimos años en el sistema de salud dominicano.
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