La corte superior de Kenia bloqueó el viernes el envío de agentes policiales kenianos a Haití para ayudar al país caribeño a controlar la violencia de las pandillas. El envío tenía el respaldo de Naciones Unidas.
El juez Chacha Mwita dijo que el Consejo Nacional de Seguridad, dirigido por el presidente keniano, no tenía autoridad para enviar a agentes de la policía regular a otros países. En noviembre, el Parlamento autorizó el envío de 1,000 efectivos policiales para encabezar una fuerza multinacional en Haití.
“No se disputa que no existe un acuerdo recíproco entre Kenia y Haití, y por esa razón, no puede haber envío de policía a ese país”, dijo Mwita.
El juez señaló que la oferta de Kenia era noble, pero debía cumplirse de acuerdo con lo establecido en la Constitución.
El fallo de Mwita responde a una demanda del líder del Partido Alianza Tercera Vía, Ekuru Aukot, quien sostuvo que el plan del gobierno de enviar los agentes a Haití era ilegal.
El vocero del gobierno keniano, Isaac Mwaura, dijo que apelarán la sentencia.
Muchos consideran que el fallo es un golpe para Haití, que solicitó el envío de una fuerza armada extranjera en octubre de 2022.
“Esto es una terrible noticia para los haitianos”, dijo Diego Da Rin, del Grupo Crisis Internacional. “La gran mayoría de la población estaba esperando una ayuda externa que ayudara a la policía a retomar un poco el control de la capital y las zonas más afectadas por la violencia”.
El director para Haití de la ONG humanitaria Mercy Corps, Laurent Uwumuremyi, respaldó la decisión de la corte keniana con el argumento de que misiones de paz anteriores —como la misión de la ONU MINUSTAH, que permaneció en el país de 2004 a 2017— y las intervenciones internacionales siempre han tenido consecuencias desastrosas para Haití.
“Las soluciones para Haití, incluso las de reforzar la Policía Nacional y el ejército para contener la violencia y devolverle alguna apariencia de seguridad, deben ser dirigidas por haitianos”, dijo Uwumuremyi.
Sostuvo que una nueva intervención internacional, a pesar de las intenciones, podría agravar la situación y exponer a más gente a la violencia.
“Es crucial que cualquier intervención que se realice para restaurar la estabilidad respete los derechos humanos y las leyes humanitarias, sin perjudicar ni impedir las operaciones de ayuda ni agravar la violencia”, añadió.
Haití sufre un auge de la violencia pandillera. El número de muertos, heridos y secuestrados se duplicó con creces el año pasado, según la enviada especial del secretario general de la ONU al país.
“No puedo exagerar la gravedad de la situación en Haití, donde múltiples crisis prolongadas han alcanzado un punto crítico”, dijo la enviada María Isabel Salvador al Consejo de Seguridad.
Añadió que las 8,400 víctimas de la violencia pandillera registradas por su oficina —122% más que en 2022— corresponden principalmente a Puerto Príncipe, la capital.
