El presidente Luis Abinader decidió mantener las sanciones penales para algunos delitos relacionados con la libertad de expresión dentro de las 18 modificaciones sometidas este viernes al proyecto del nuevo Código Penal, pese a las solicitudes de diversos sectores para eliminar el castigo penal en estos casos.
Entre las observaciones remitidas al Senado de la República, el Poder Ejecutivo propone mantener el artículo 192, que sanciona la difusión de audios o imágenes sin consentimiento cuando estos correspondan al ámbito privado o exista una expectativa razonable de privacidad.
La propuesta establece penas que van de 15 días a un año de prisión, además de multas de nueve a quince salarios mínimos del sector público.
Aunque el Gobierno introduce cambios para delimitar el alcance de este delito, mantiene la penalización. La modificación busca precisar que solo será castigada la difusión de contenido obtenido en espacios privados o bajo condiciones de confidencialidad, dejando fuera otras situaciones. Asimismo, elimina la sanción cuando el contenido falso haya sido elaborado mediante montajes.
En cuanto a la difamación, el Poder Ejecutivo propone reducir las penas de prisión contempladas en el artículo 208, pasando de dos a cinco años a uno a dos años, e incorpora una exclusión para las expresiones difundidas a través de medios de comunicación, plataformas de streaming y el ciberespacio.
Además, el artículo 211 añade que no constituirán difamación ni injuria las opiniones, críticas o expresiones relacionadas con actos de corrupción, políticas públicas, función pública, servicios públicos o asuntos de interés público, siempre que estén sustentadas en elementos probatorios o hayan sido objeto de una verificación razonable de la información.
La permanencia de sanciones penales por hechos vinculados a la libertad de expresión contrasta con las peticiones formuladas por organizaciones como la Sociedad Dominicana de Diarios (SDD) y otros sectores de la sociedad civil, que han abogado por eliminar las penas de prisión para estos delitos y sustituirlas por mecanismos de naturaleza civil.
Las propuestas del Poder Ejecutivo serán estudiadas por una comisión bicameral especial del Congreso Nacional, junto a otras iniciativas legislativas y las observaciones presentadas por distintos sectores. El proceso de consulta pública permanecerá abierto hasta el 15 de julio, fecha límite para que ciudadanos e instituciones presenten sus recomendaciones sobre el proyecto del nuevo Código Penal.
