El Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional ordenó a la Procuraduría General de la República pagar más de RD$7,560,000.00 al empresario Juan Francisco Álvarez Carbuccia, exfuncionario del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), como sanción por el retraso en la devolución de bienes que le fueron incautados dentro del proceso judicial por presunta corrupción administrativa.
La decisión fue tomada tras acoger una solicitud de liquidación de astreinte presentada por la defensa del imputado, Jhon Manuel Frías, quien reclamaba la entrega de un teléfono Samsung modelo GT-I9300 que aún permanecía en poder de las autoridades.
El fallo, dictado bajo la Resolución No. 058-2026-SOTR-00044 y presidido por la magistrada Patricia Padilla, también dispone notificar al Ministerio de Hacienda para la ejecución presupuestaria correspondiente.
ORIGEN DEL CASO
El conflicto se remonta a junio de 2025, cuando el mismo tribunal, mediante la Resolución No. 058-2025-SOTR-00041, había ordenado al Ministerio Público devolver de manera inmediata varios bienes retenidos a Álvarez Carbuccia, entre ellos una camioneta Chevrolet Tahoe 2017, equipos de cómputo, relojes de lujo y teléfonos celulares. En esa oportunidad se estableció una astreinte de RD$20,000.00 diarios por cada día de incumplimiento.
ENTREGAS PARCIALES Y UN CELULAR EXTRAVIADO
Aunque la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) fue devolviendo los bienes de manera escalonada el vehículo en diciembre de 2025 y otros celulares y relojes entre mayo e inicios de 2026, la defensa demostró que el dispositivo Samsung continuaba retenido al momento de la audiencia.
Representantes de la PEPCA explicaron que la demora se debió a los peritajes realizados por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) y a un traslado apresurado de evidencias tras la evacuación de un edificio del Poder Judicial, lo que habría causado el extravío temporal del equipo.
La jueza, sin embargo, consideró que la custodia y entrega oportuna de los bienes incautados es responsabilidad del órgano de persecución, independientemente de las circunstancias alegadas.
CÓMPUTO DE LA SANCIÓN
Tras evaluar las pruebas y confirmar el incumplimiento parcial de la orden judicial, el tribunal fijó el período de la sanción entre el 18 de junio de 2025 y el 30 de junio de 2026, para un total de 378 días de retardo, lo que dio como resultado el monto de RD$7,560,000.00.
Álvarez Carbuccia fue enviado a juicio de fondo el pasado 5 de junio, junto a Hugo Beras, exdirector del Intrant, y el empresario Jochi Gómez, dentro del mismo expediente por corrupción administrativa.
Listín Diario
