El Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional conocerá este lunes 21 de septiembre, a partir de las 2:00 de la tarde, la solicitud de medida de coerción a las 25 personas arrestadas durante la Operación Senasa 2.0-A o “Operación Cobra 2.0-A” , vinculada a una investigación por presunto fraude al Seguro Nacional de Salud (SeNaSa).
Entre los imputados figuran exempleados del SeNaSa, médicos y particulares. El Ministerio Público solicita 18 meses de prisión preventiva y que el proceso sea declarado complejo debido, según el órgano acusador, a la pluralidad de hechos, víctimas y posibles implicados.
La investigación atribuye a los procesados la “participación en un esquema” mediante el cual se habrían facturado servicios médicos presuntamente no realizados, con fondos públicos del SeNaSa.
Expediente consta de unas 525 páginas
La solicitud fue depositada por fiscales de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público y de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), encabezadas por Wilson Camacho y Mirna Ortiz.
El expediente, de unas 525 páginas, incluye a Angeury Guzmán Vásquez, Heidy Coronado Paulino, Starky Atahualpa Arturo Rodríguez Nova, Lucreisy Polanco Núñez y Einstein Rafael Borromé Valdez.
En el documento acusatorio también figuran los médicos Juan Henry Poueriet, Hanna Rashell Rodríguez Almánzar, Luz Esther Reyes Durán de Ramírez, Edwin Alberto Batista Cruz, José Luís Díaz Hernández, Carlos Job Ynoa Olivero, Guillermo Enrique Dicló Garabito, Griselda Altagracia Basora Ramírez y Juan Gabriel Rodríguez Ravelo.
La solicitud incluye además a Martha María Saldaña Saldaña, Elsa Evelyn de la Rosa Vásquez, Engels Federico Díaz Mendoza, Keila Beatriz Acosta Leonardo, Rafael Mauricio Cabral González, Laura Altagracia Santana Evangelista, Víctor Felipe Rodríguez García, Wander Manuel Díaz Encarnación, Yocaira Antonia Méndez Beltré, Marcelino Eusebio Figuereo y Ray Ernesto Mercedes Lugo.
El tribunal deberá decidir si acoge la prisión preventiva solicitada por el Ministerio Público o impone otras medidas de coerción.
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