SANTO DOMINGO.– Un total de 1,500 familias de El Almirante II, en Santo Domingo Este, comenzaron este jueves a recibir los títulos de propiedad de los terrenos donde han levantado sus viviendas, en el inicio de un proceso que contempla superar los 6,000 certificados para esa comunidad.
La primera entrega fue encabezada por el presidente Luis Abinader en el Polideportivo de Invivienda y, de acuerdo con las autoridades de titulación, los beneficiarios no tuvieron que asumir el costo del proceso. El director ejecutivo de la Unidad Técnica Ejecutora de Titulación de Terrenos del Estado (UTECT), Duarte Méndez, estimó que esto representa un ahorro de RD$120 millones para las familias favorecidas.
La intervención abarca 300,688.30 metros cuadrados de la parcela 1-B reformada, correspondiente al Distrito Catastral número 6. Méndez explicó que la entrega de este jueves constituye la primera etapa de un proyecto que contempla alrededor de 6,500 títulos para familias de El Almirante, por lo que el proceso continuará en las próximas semanas.
El funcionario adelantó que en dos o tres semanas volverán a la zona para continuar con la entrega de certificados. El proceso, según explicó, tuvo que superar dificultades legales antes de llegar a esta fase, con la participación de la UTECT, Bienes Nacionales, la Jurisdicción Inmobiliaria y organizaciones comunitarias.
Más allá del documento, la titulación permite que los propietarios cuenten con reconocimiento jurídico sobre sus inmuebles y tengan mayores posibilidades de utilizar sus propiedades como patrimonio familiar, acceder al sistema financiero o realizar inversiones y mejoras sobre sus viviendas.
Durante el acto, Abinader informó además que existen alrededor de 40,000 títulos pendientes de evaluación en la Dirección de Mensuras Catastrales, mientras que, según sus cifras, durante su gestión se han entregado aproximadamente 180,000 certificados. También señaló que el proceso continuará en comunidades como Sabana Perdida y otras zonas del país.
El mandatario explicó que la política oficial contempla evitar la venta a terceros de terrenos estatales ocupados por familias, salvo en casos destinados a proyectos de generación de empleos o viviendas, y priorizar la regularización de quienes ya ocupan esos espacios.
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