Andrés Pacheco y Ramón Quezada, quienes son acusados por el Ministerio Público de formar parte de una red criminal de militares y civiles dedicada a estafar al Estado dominicano, a través de exigencias de sobornos y manipulación de contratos, admitieron los hechos que se le imputan.
Este martes, durante el conocimiento de medida de coerción en contra los imputados, tanto Pacheco y Quezada declararon haber cometido las acusaciones que pesan sobre ellos.
De acuerdo al órgano acusador, Andrés Pacheco Varela fue “agraciado” en la empresa distribuidora de electricidad del Norte (Edenorte) entre los años 2017 y 2020, donde fueron depositados casi RD$ 5.2 millones en una de sus cuentas bancarias, transferidas por la empresa Servicios Nacional de Seguridad Integral (Senase).
De igual forma, señala que en 2015 Ramón Quezada Ortiz exigió el pago de un soborno ascendente a RD$ 100 mil por cada factura pagada a Senase, como condición para permitir la continuidad de los pagos contractuales y evitar “supervisiones rigurosas” sobre la ejecución de un contrato.
Quezada Ortiz, en su calidad de supervisor de la correcta ejecución de los contratos entre Edeeste y Senase, continuó recibiendo estos pagos desde una fecha anterior a 2017 hasta su salida de esta distribuidora de energía en 2020, señaló el Ministerio Público en su expediente.
La audiencia de conocimiento de medida de coerción contra los 10 implicados continúa desde las 2:00 de la tarde de este martes en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva.
El Ministerio Público apunta que estos actuaban de manera coordinada para favorecer a determinadas empresas que ofrecen servicios de seguridad privada a cambio de sobornos, manipulando los procesos de contratación para garantizar la continuidad de los contratos de forma irregular.
Para el cobro de sobornos, los funcionarios involucrados pedían a las empresas contratistas entre un 5 % y un 10 % del valor total de la facturación mensual. Según explica el Ministerio Público, esta cuota era exigida para garantizar a las empresas la continuidad del contrato, agilizar los pagos y eliminar trabas administrativas.
