El equipo de defensa técnica del exprocurador Jean Alain Rodríguez solicitó la nulidad de la acusación presentada por la Procuraduría General de la República (PGR), al alegar que el Ministerio Público desacató una sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que ordenó el cese del uso de la denominación “Operación Medusa / Caso Medusa”.
La solicitud fue presentada ante el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, apoderado de conocer el juicio de fondo del proceso.
De acuerdo con los abogados, la Procuraduría habría incumplido la sentencia TC-05-2022-0174, de fecha 30 de abril de 2025, que ordena retirar y corregir la acusación conforme a la normativa procesal penal y a la disposición constitucional que prohíbe el uso del referido término.
Según las defensas, la acusación mantiene la denominación objetada en múltiples ocasiones dentro del documento, pese a tratarse, sostienen, de una decisión firme y de obligatorio cumplimiento.
Argumentos de las defensas
Los representantes legales de Rodríguez indicaron que la solicitud no busca dilatar el juicio, sino que forma parte de lo que describen como más de 25 violaciones al debido proceso que, aseguran, han intentado plantear durante los más de cinco años que tiene el proceso abierto.
Señalaron que los tribunales han reconocido que el imputado y las demás partes no han incurrido en tácticas dilatorias, por lo que insistieron en que el desenlace del caso debe producirse con estricto apego a la Constitución.
Asimismo, sostienen que el uso de la denominación cuestionada afecta la imparcialidad judicial, la presunción de inocencia y la dignidad de las personas procesadas, argumentos que, según indicaron, ya fueron valorados en sede constitucional.
Advertencias institucionales
Las defensas recordaron que el presidente del Tribunal Constitucional, magistrado Napoleón Estévez Lavandier, durante su discurso de rendición de cuentas del pasado 23 de enero, reiteró públicamente la obligación de cumplir la sentencia que ordena el cese del uso del término.
A juicio de los abogados, la persistencia en el uso de la denominación representa un incumplimiento que compromete el debido proceso y la institucionalidad del sistema de justicia.
