Legisladores de distintas organizaciones políticas coincidieron en que los nuevos cobros derivados de las comisiones por pagos electrónicos no deben ser trasladados a los consumidores; llamaron a que bancos y estaciones de combustibles alcancen un acuerdo que evite afectar el bolsillo de los ciudadanos.
El senador del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), Rogelio Genao, afirmó que las medidas forman parte del Ley Anticrisis implementado por el Gobierno para enfrentar el incremento del gasto provocado por los subsidios a los combustibles, la electricidad y los fertilizantes.
“Entendemos que es una medida que afecta al bolsillo de los dominicanos en momentos en que se está subsidiando la electricidad, el combustible y los fertilizantes para mantener los precios de la canasta básica, y los recursos tienen que salir de algún lugar”, expresó.
No obstante, sostuvo que la reforma también incorpora beneficios para la mayoría de la población, por lo que, a su juicio, debe analizarse de forma integral.
Hay que ver la balanza. Se aprieta por un lado, pero también se beneficia al ciudadano por otros aspectos”, manifestó.
En cuanto al conflicto entre las entidades bancarias y las estaciones de combustibles por las comisiones aplicadas a los pagos electrónicos, Genao consideró que ambas partes deben alcanzar un entendimiento para impedir que el costo recaiga sobre los usuarios.
“Entendemos que las gasolineras y los bancos deben llegar a un acuerdo para que ese trato comercial tenga una comisión racional donde ambas partes puedan ganar y no afecte al ciudadano, que es ahora el principal perjudicado”, indicó.
Por su parte, el diputado del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), Ramón Raposo, cuestionó que medidas que impactan directamente a la población hayan sido aprobadas con rapidez, mientras otros proyectos permanecen estancados en el Congreso.
Vimos cómo ese proyecto de reforma se aprobó en cuatro días. “Ahora los dominicanos tendrán que pagar cerca de 50 mil millones de pesos más en impuestos”, afirmó.
El legislador sostuvo que el Gobierno debe explicar con mayor claridad el destino de los recursos adicionales que obtendrá con las nuevas disposiciones tributarias.
“El Gobierno va a manejar 50 mil millones de pesos más y no ha dicho de manera clara en qué se va a invertir ni a qué renglón de la sociedad le va a hacer frente con esos recursos”, señaló.
Aunque difieren en su valoración de la reforma fiscal, ambos legisladores coincidieron en que cualquier diferencia entre el sector financiero y las estaciones de combustibles debe resolverse sin trasladar nuevos costos a los consumidores.
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